Donald Trump sanciona la democracia en Venezuela

El jefe del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, amenazó con sanciones a “cualquier persona elegida para la Asamblea Nacional Constituyente”.

El Secretario del Tesoro de EEUU anunció represalias contra quienes participen en procesos electorales y asuman cargos de elección popular establecidos en la Constitución venezolana.

Por Ángel Daniel González

El gobierno de los Estados Unidos ha dejado clara su intención de intervenir de manera definitiva en los asuntos internos de Venezuela. El miércoles 26 de julio emitió una lista de 13 funcionarios del Estado venezolano sobre quienes recaerían sanciones como congelamiento de cuentas en territorio estadounidense y prohibición a los americanos de establecer negocios con ellos. Aunque la concreción de estas sanciones personales esté sujeta al hecho de que alguno de esos funcionarios tenga cuentas o negocios en Estados Unidos, importan más como mensaje dirigido a ejercer presión sobre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, para que revoque la convocatoria a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Maduro convocó el 1°de mayo a la elección de la ANC en el marco de una escalada de violencia opositora, que pretende que el presidente y todo su Gobierno renuncien a sólo año y medio de las elecciones presidenciales legales. La intención es establecer un gran espacio de diálogo político con todos los sectores de la ciudadanía y la vida nacional para reformular las bases del juego democrático y avanzar en los consensos necesarios para lograr la paz y la estabilidad que se han visto afectadas desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias en 2015 y declaró que harían todo lo necesario para hacer caer al gobierno.

El mismo día 26 de julio, todos los sancionados fueron condecoradas por Maduro, quien les entregó la Espada de Bolívar, el más alto reconocimiento en Venezuela. Cada uno de ellos al recibir su condecoración dijo que recibía las sanciones “como una medalla de honor” por trabajar en función de la soberanía de su país. Esto demuestra que, en términos prácticos, las sanciones son más un anuncio de condena moral para el público que para los propios personajes.

Sin embargo, en su discurso sobre el tema el jefe del Departamento del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, amenazó, además, con sanciones a “cualquier persona elegida para la Asamblea Nacional Constituyente”. Este detalle significa una ampliación del espectro de actividades que, según el gobierno de Washington, son susceptibles de ser penalizadas por Estados Unidos. Ya no solo se emiten sanciones a funcionarios que sean señalados de “violar los derechos humanos”, como ha sido la retórica acostumbrada en este tipo de casos, respecto a Venezuela y a otros países. Ahora también se anuncian represalias contra quienes participen en procesos electorales y asuman cargos de elección popular establecidos en la Constitución venezolana.

Es posible interpretar esto como un intento de amedrentar a los ciudadanos que se postularon para integrar la ANC y, eventualmente, hacerlos desistir de esa postulación o de asumir sus respectivos cargos una vez que sean electos. Así mismo, pudiera ser una tentativa de desalentar al electorado a participar en la jornada electoral pautada para el domingo 30 de julio y así tratar de influir para que la concurrencia a los centros de votación sea baja. De esta manera se intentaría hacer ver que el pueblo de Venezuela no respalda la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.

Llaman la atención las contradicciones en el discurso de los funcionarios de Washington en cuanto a su concepción de los procesos democráticos. Mnuchin, afirmó que “como lo ha dejado claro el presidente Trump, Estados Unidos no ignorará los esfuerzos del régimen de Maduro por socavar la democracia, la libertad y el imperio de la ley”. Hacen entender que esta convocatoria hecha por el presidente Maduro, aun cuando está claramente establecida en la Constitución como una forma de participación directa de la ciudadanía en la política nacional, constituye un “debilitamiento de la democracia”.

Cuesta entender que la Constituyente debilite la democracia si tomamos en cuenta que, al instalarse la Asamblea Nacional Constituyente, el propio presidente Maduro estaría subordinado a las deliberaciones y decisiones implementadas por ese ente, que estará conformado por representantes elegidos directamente por las comunidades de los 335 municipios del país y por los conglomerados de los diferentes sectores de la sociedad Venezolana. La ANC tendrá delegados territoriales y delegados de cada uno de los siguientes sectores: trabajadores, empresarios, comunas y consejos comunales (que son organizaciones políticas que hacen vida en cada una de las comunidades o barrios de los poblados en Venezuela), adultos mayores pensionados, pueblos indígenas, campesinos y pescadores, personas con discapacidad y jóvenes.

Existen más de tres mil venezolanos inscritos como candidatos para ocupar una silla en la Asamblea Nacional Constituyente. Vale preguntar: ¿Estados Unidos emitirá sanciones personales contra cada uno de los tres mil ciudadanos postulados? Al parecer, participar en elecciones populares constituye para Washington una especie de delito o actividad susceptible de ser penalizada.

Este afán de intervención no es nuevo. El mundo está acostumbrado a ver cómo desde Norteamérica se apoyan golpes de Estado contra gobiernos democráticamente electos y también cómo se enarbola el discurso de la defensa de los derechos humanos para justificar bombardeos y e incursiones militares cuyos saldos de muerte y destrucción superan los señalamientos elaborados contra los gobiernos atacados.

Estados Unidos parece estar urgido por cambiar al Gobierno de Venezuela, según lo evidencian este tipo de acciones a todas luces cuestionables. Mientras el lobby del senador republicano Marco Rubio, quien aparentemente es quien domina las decisiones de la Casa Blanca acerca de Venezuela, avanza sobre un discurso abiertamente golpista y violento contra el Gobierno de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump trata, sin éxito, de edulcorar sus ataques con una retórica democrática.

Washington ha afirmado:

“Como lo demuestran nuestras sanciones, Estados Unidos está al lado del pueblo venezolano en su búsqueda de restaurar una democracia plena y próspera en su país”.

Es decir, para defender la democracia, Estados Unidos ha comenzado a condenar y a castigar, precisamente, las prácticas democráticas.

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