Ciberguerra contra Venezuela

El gobierno venezolano ha sufrido varios ataques de redes desde que se desataron las violentas protestas impulsadas por la oposición. Red58.org comparte un análisis del antroplógo y escritor José Negrón Valera

En el contexto de las violentas protestas antigubernamentales impulsadas por parte de la oposición, el gobierno de Presidente Nicolás Maduro, sólo este año, ya ha enfrentado tres ataques por parte de grupos de hackers identificados con la derecha venezolana, cuyo objetivo ha sido principalmente las bases de datos de instituciones e iniciativas gubernamentales.

La ciberguerra es un confrontación en el espacio cibernético, cuyos actores principales son los Estados motivados por objetivos políticos.

El primero de estos ataques ocurrió la noche del miércoles 26 de abril y fue perpetrado por un grupo autodenominados “Team HDP” que a través de sus cuentas en la red social Twitter, @PingüinoHDP y @YoSoyJustin, filtraron un documento de 500 páginas con información de los datos personales de funcionarios ligados al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El segundo de los ataques fue hecho público el sábado 6 de mayo bajo el título de “La lista Justin”. Los hackers en esta oportunidad lograron acceder a la base de datos del Carné de la Patria, iniciativa gubernamental que busca sistematizar y compilar información sobre los programas sociales conocidos como Misiones y Grandes Misiones.

Llama mucho la atención que fue justo este hackeo el que desató toda una serie de persecuciones de personas alrededor del mundo acusadas de militar en el chavismo. La primera de ellas, o al menos la que tuvo una mayor repercusión mediática, fue la de la hija del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quién fue asediada por opositores en Australia.

El tercer ataque ocurrió el 14 de mayo y tuvo como objetivo la base de datos de los trabajadores de Pdvsa. En este caso, las acciones cibernéticas intentaban apoyar las violentas protestas que la oposición estaban ocasionando en las calles de las zonas más ricas del este caraqueño.

No ha sido el único ataque que ha sufrido la mayor empresa petrolera de Latinoamérica. En diciembre de 2016, el presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, denunció que la industria había recibido cerca de 16 mil ataques provenientes de Holanda, Corea del Sur y Estados Unidos con el fin de afectar las transacciones financieras por venta de hidrocarburos.

Tales ataques no forman parte de iniciativas desarticuladas de la agenda política de los factores que adversan al Gobierno. Ya la economista Pascualina Curcio ha demostrado de forma estadística, cómo las acciones de guerra económica han tenido sus picos precisamente en años electorales y con alto interés político. A su juicio la oposición, apoyada por factores externos como el gobierno de Estados Unidos, “utilizan la economía como medio para un fin. ¿Cuál es el fin? Incidir sobre las preferencias políticas de los venezolanos, del pueblo”.

Si nos guiamos por este análisis, trasladándolo al escenario del ciberespacio, podemos afirmar que los ataques cibernéticos son parte de una guerra no convencional que se desarrolla en el teatro paralelo de la guerra (Walter Martinez dixit) para apalancar acciones de desestabilización que se encubren bajo la fachada de protestas populares.

El objetivo va en tres direcciones:

la primera de ellas, atizar la ya intensa guerra psicológica que se aplica contra el pueblo venezolano, pero en especial contra quienes apoyan el chavismo;
la segunda, determinar las debilidades y brechas de seguridad de las redes informáticas venezolanas, en el caso de que el Comando Sur aprobara una acción militar contra nuestro país;
la tercera -quizá una de las razones más invisibles- que dichos ataques intenten preparar el terreno para un falso positivo cibernético que venga a representar para Estados Unidos un casus bellis que le facilite la intervención del país.

Esta última hipótesis no es traída de los cabellos, si nos atenemos a que ya The Wall Street Journal en el 2011, citando fuentes del Pentágono señalaba que el Departamento de Defensa “podrá considerar los ataques cibernéticos contra EEUU como actos de guerra” y responderá con fuerza convencional a los países que se compruebe están involucrados en dichas acciones.

Blindar la Patria

El general de brigada Wilfredo Morales, encargado de la División de Tecnología e Información del Ministerio de la Defensa de Venezuela, confirmó durante el mes de marzo en un foro de tecnologías organizado por el Gobierno, que Venezuela “adelanta un escudo contra ataques cibernéticos en alianza con la República Popular China, la República Islámica de Irán y la Federación Rusa”; dicha declaración es una muestra de que es necesario tomar en serio la ciberguerra dentro de la Doctrina Militar Bolivariana y equipararla siguiendo la máxima de que el ciberespacio es el quinto dominio de la guerra.

A juicio de Kenny Ossa existen pasos que son necesarios seguir profundizando y el proceso de debate Constituyente representa un escenario ideal para el mismo:

El uso y desarrollo de tecnologías libres y soberanas para la independencia, la interoperabilidad como plataforma para la eficiencia de la gestión pública, los datos abiertos como expresión de la transparencia, la contraloría social y el desarrollo nacional, la ciberdefensa como estrategia de seguridad nacional, las redes sociales nacionales como mecanismo de consulta y participación ciudadana, el internet como instrumento para el desarrollo social y económico, el infoGobierno como estrategia unificada para un gobierno de eficiencia basada en la información, el conocimiento y la tecnología.

Si alguna conclusión surge al adentrarnos en los terrenos sinuosos de la Ciberguerra, es que la independencia lo es todo, pero también la apertura crítica y la preparación técnica, científica y política para enfrentar cualquier amenaza.

En 2011 el investigador Marcelo Salas refl exionaba en un artículo titulado “Twitter, Redsur y Ciberespacio” que existía una gran necesidad de que Venezuela contara con una Oficina Nacional de Asuntos Cibernéticos y Digitales, una entidad con rango superior que respondiese directamente al Jefe de Estado y que funcionara en coordinación con el Consejo de Defensa de la Nación. Mucho tiempo ha pasado desde esa recomendación y aún no avanzamos con pasos firmes en la defensa tecnológica de la Patria. Así que resulta vital que los responsables políticos en la materia, pero también todos los venezolanos, tengamos siempre presente una máxima: la Ciberguerra contra Venezuela ya empezó y se encuentra, citando a Walter Martínez, en pleno desarrollo.

Publicado originalmente en el blog de José Negrón Varela

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